La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en colaboración con Red Eléctrica de España, ha puesto en marcha un innovador proyecto orientado a la georreferenciación y digitalización del patrimonio arqueológico de la comunidad autónoma. Este esfuerzo, cuya inversión supera los 50.000 euros, busca integrar la información de yacimientos arqueológicos en el Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que permitirá una mejor preservación y gestión del patrimonio cultural andaluz.
Este proyecto piloto es un paso crucial para actualizar y geolocalizar los muchos elementos del patrimonio histórico andaluz que, aunque identificados, no están completamente registrados geográficamente. La iniciativa, sostenida en un convenio firmado en junio pasado, se centra en consolidar una metodología de trabajo conjunta que facilite el acceso directo y preciso a la localización y características de los diversos yacimientos.
A través de esta digitalización, se busca no solo proteger el patrimonio cultural, sino también facilitar la gestión administrativa y empresarial en Andalucía. Los datos recogidos mejorarán la eficiencia en la toma de decisiones para promotores y operadores, quienes contarán con información precisa y validada, eliminando tareas innecesarias relacionadas con el tratamiento de datos espaciales.
El proyecto se desarrollará en etapas cuidadosas. Un grupo de expertos se encargará de la digitalización y georreferenciación, y posteriormente, la información recopilada será sometida a un riguroso proceso de validación por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Finalmente, toda esta información se integrará en el sistema de gestión del patrimonio cultural de la Junta de Andalucía.
Red Eléctrica ha demostrado un compromiso continuo con el desarrollo sostenible y la conservación cultural, habiendo realizado más de 300 acciones para proteger y difundir el patrimonio cultural español. Esta alianza con la Junta de Andalucía no solo refleja ese compromiso, sino que también resalta la importancia de la colaboración entre entidades públicas y privadas para promover un desarrollo equitativo y justo que beneficie tanto a las comunidades locales como al patrimonio histórico.
